El Comisionado Penitenciario, Miguel Petit, la semana pasada presentó el informe preliminar sobre la situación de las cárceles en Uruguay en 2022.
EL documento donde alerta sobre las condiciones preocupantes en varias unidades de rehabilitación, hace un particular énfasis en la cárcel de Canelones y su módulo 2.
En su informe dice que los 716 alojados allí «están en condiciones inaceptables para el nivel de desarrollo del Uruguay. Se trata de un lugar deteriorado ediliciamente, donde prácticamente no se accede al patio, sin equipo técnico y casi nulas actividades socioeducativas, donde los internos nada avanzan en un posible proceso de rehabilitación».
Tomando en cuenta esta situación el Comisionado Penitenciario, Miguel Petit, presentó al POder Judicial un recurso de habeas corpus con el cual se pretende que se ordene al Ministerio del Interior y al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) a implementar un plan de mejoras en el módulo 2 para que «asegure condiciones de habilitabilidad que cumplan con la normativa nacional e internacional para el tratamiento de los reclusos»
La jueza de ejecución de Segundo Turno de Canelones, Erika Melina Armendano, intimó al Ministerio del Interior a cumplir el “Plan de Mejoras” reclamado por la Oficina del Comisionado Parlamentario para la cárcel de Canelones –mediante un recurso de habeas corpus– para superar las malas condiciones de habitabilidad y convivencia. La resolución judicial obliga al Ministerio del Interior a buscar nuevas soluciones para brindar educación, capacitación, salud y tratamiento de adicciones, informó el Parlamento en su página web.
La resolución judicial obliga al Ministerio del Interior al cumplimiento del Plan Propuesto por la Oficina parlamentaria señalando que el objeto del mandato judicial es “la reorganización del Módulo 2 de la Unidad No. 7 (Cárcel de Canelones) a los efectos de revertir la situación violatoria de la Constitución (…) elaborando un plan de mejoras que asegure las condiciones de habitabilidad dispuestas por las normas nacionales e internacionales relevadas, procurando la implementación de planes de atención de los penados con adicciones y asimismo el aumento de los cupos para los mencionados tratamientos como para el cumplimiento de actividades educativas y laborales, el que deberá acreditarse al 30 de noviembre del corriente año”.
Además, la Justicia intimó al Instituto Nacional de Rehabilitación “a garantizar la salida diaria al patio exterior de todos los internos alojados en el módulo 2 debiendo informar a la sede su implementación en el plazo de 30 días”.
La sentencia, emitida en la tarde del viernes 12 de mayo, también recogió las medidas de urgencia que presentó el Instituto Nacional de Rehabilitación para cerrar varias celdas en malas condiciones y proceder a refacciones urgentes y entrega de camas, frazadas y colchones.
