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Desarchivan causa de Los Vagones, el centro de torturas de la ciudad de Canelones

El Tribunal de Apelaciones de primer turno desarchivó la causa que investiga torturas en el centro clandestino Los Vagones, que estuvo ubicado en el parque Artigas y barrio Olímpico de la ciudad de Canelones durante la pasada dictadura militar. Se trata de la primera causa vinculada a crímenes de lesa humanidad tramitada por el nuevo Código del Proceso Penal, por la que, en diciembre de 2019, habían sido imputados los policías retirados Hugo Guillén (quien se suicidó posteriormente), Winston Vitale y Alejandro Ferreira.

La causa había sido archivada por el juez de primer turno de Canelones, Luis Sobot, a fines de julio, quien consideró que los delitos que se imputan a los policías prescribieron, para lo que consideró tanto los años en que estuvo vigente la Ley de Caducidad como los años de dictadura en que las víctimas estuvieron en libertad.

La decisión fue apelada por la Fiscalía y la defensa de las víctimas, al considerar que no se estaba respetando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman, que llama a los jueces a no aplicar normas de prescripción para delitos contra la humanidad.

En la sentencia, a la que accedió la diaria, el tribunal destaca la responsabilidad del Estado en “proveer a los sometidos a su jurisdicción una debida protección judicial cuando alguno de sus derechos haya sido violado” y señala lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por la Ley 15.737, en cuanto a que la sanción al culpable de un delito constituye un derecho humano para la víctima, o el artículo 72 de la Constitución que reconoce “los derechos inherentes a la personalidad humana que se derivan de la forma republicana de gobierno”.

Además el tribunal, integrado por Graciela Gatti, Alberto Reyes y Sergio Torres, sostiene que “luego de reinstalada la democracia la Ley de Caducidad constituyó un impedimento inconstitucional, ilegítimo para la persecución de los delitos que pudieron ser investigados décadas después”, y significó un obstáculo incluso para aquellos delitos que se cometieron antes de la dictadura.

Ahora la causa continuará en manos del juez Sobot, que deberá convocar a una nueva audiencia de control de acusación, la instancia previa al inicio del juicio, en la que las partes buscan la admisión de las pruebas que presentarán en el juicio.
Los imputados esperan el proceso en libertad desde abril de este año, cuando Sobot revocó la prisión domiciliaria establecida como medida cautelar desde marzo de 2020, luego de que cumplieran 120 días de prisión preventiva en la cárcel de Domingo Arena.
Fuente: La Diaria

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