No tenemos cifras oficiales de lo que va del año 2021, pero todo nos hace presumir que la cifras de siniestros y los fallecidos por esta causa han aumentado, en especial en nuestras rutas nacionales.
Volvimos a los tiempos en que los siniestros de tránsito graves ocupaban la crónica policial. Un problema que nos sigue golpeando duramente como sociedad y que paradójicamente, se pueden evitar.
Se han dictado leyes – alguna sin reglamentar aún – uno de los factores que mayormente inciden en los siniestros y muertes en el tránsito se vinculan a la baja percepción de riesgo que se tiene al conducir un vehículo, además del riesgo que se toma, el no respeto de las normas, además de la no aplicación de buenas prácticas para el uso de la vía pública.
Se hace imperioso que nos ayudemos y cuidemos entre todos, para ello debemos tomar las decisiones correctas al momento de utilizar las vías de tránsito, tanto conduciendo un vehículo como cuando somos peatones. Nadie se moviliza por una vía de tránsito pensando en que va ha tener un siniestro de tránsto grave y que por esa razón va matar a otra persona.
Pero…uno de los aspectos que desde hace mucho tiempo varias personas e instituciones venimos sosteniendo y hoy queremos insistir, procurando sensibilizar en cuanto a la necesidad imperiosa de poder contar con una especialidad en justicia en la seguridad vial, siendo también una herramienta eficaz para reducir las alarmantes cifras de siniestralidad vial.
Cabe recordar entonces, que nuestro país en oportunidad de 1er Foro Iberoamericano de Justicia de la Seguridad Vial 09 de noviembre de 2018 siendo anfitriona la UNASEV – Unidad Nacional de Seguridad Vial – en la declaración final se estableció la necesidad de “Promover el compromiso de perseguir y sancionar en el ámbito administrativo y/o penal la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas, el exceso de velocidad, el uso del celular mientras se conduce, el no uso de sistema de retención infantil, el no uso de cinturón de seguridad, el no uso del casco para motociclistas, y especialmente promover el compromiso de perseguir y sancionar las competencias no autorizadas en cuanto, todas estas conductas suponen un riesgo para la seguridad vial. Promover la reeducación y la reinserción como parte integral de las penas asociadas a los delitos contra la seguridad vial, destacando que las mismas no sean sustitutivas de la pena principal”. A su vez se sostenía “Reivindicar a través de la Educación Vial en todos los niveles, la protección de los derechos de las víctimas de siniestros de tránsito otorgados y reconocidos por instrumentos internacionales y nacionales como prioridad máxima en el desarrollo de las políticas y medidas de seguridad vial que garantice la dignidad del ser humano, fortaleciendo la respuesta existente en el país para ello. El acceso efectivo a la justicia requiere fundamentalmente, que las personas conozcan de los derechos que son titulares y, sobre todo, cuenten con los mecanismos para exigirlos. Porque creemos que la justicia debe ser reparadora para la víctima, preventiva para la sociedad y reeducadora para el culpable. Ayudar y proteger a las víctimas de siniestros de tránsito es crear conciencia ciudadana”.
En conclusión, vemos la necesidad de que se actúe retomando políticas de estado en la materia, porque como deciamos al principio se han dictado leyes, se han firmado compromisos, declaraciones etc, se venía avanzando, pero notamos una desaceleración en los procesos políticos que permitan la promoción, implementación y seguimiento de políticas públicas permanentes, dirigidas específicamente a prevenir siniestros de tránsito y proteger los derechos de las personas.
