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Democratizar La Comunicación, Un Desafío Político

Por Luis Cuello*

Nuevamente un consorcio periodístico dio pruebas de su fuerza como actor político mediante la publicación de un reportaje que intenta cuestionar a la Presidenta Michelle Bachelet en hechos maquillados como dudosos. Esta vez, de un modo torcido, el diario La Tercera presenta la compra de una parcela como una fuente de conflicto de interés por ubicarse a 12 kilómetros del proyecto minero Dominga.

El grupo Copesa, que intenta emular a la revista brasileña Veja en su afán de demoler la imagen presidencial, inauguró su función de ariete de los grupos económicos con la irrupción del caso Caval, traspasando límites éticos que llegaron a su punto más álgido con la difusión de diálogos (reales o ficticios) que involucraban directamente a Bachelet en el caso. Fue entonces cuando la querella presentada por la mandataria contra la revista Qué Pasa frenó una espiral acusatoria, para pasar a la victimización del holding, que presentó el caso como un supuesto atentado a la libertad de expresión. La lastimera queja de Copesa convenció al Relator para la Libertad de Expresión de la OEA (Organización de Estados Americanos), Edison Lanza, quien recogió en un informe preliminar sobre Chile la preocupación por la querella argumentando, entre otras cosas, que los “funcionarios públicos deben tener un mayor umbral de tolerancia ante la crítica”.

Control de la agenda

Estos episodios conducen a indagar algunas cuestiones que parecen fundamentales. En primer término, nos preguntamos qué condiciones permiten el altísimo grado de eficacia de estas maniobras mediáticas, al punto de resultar incontrarrestables. Y la segunda interrogante es si entendemos en Chile la complejidad de la libertad de expresión o el derecho a la información.

En relación a las condiciones, un diagnóstico compartido en el mundo de las comunicaciones y la política sugiere que la concentración de la propiedad de los medios, bajo la forma de monopolio ideológico, facilita un control de la agenda que silencia o minimiza la disidencia a estos poderes. Esto es, sin duda, una vieja noticia, pero también una noticia en desarrollo, en tanto que continúan las operaciones comerciales que incrementan la presencia de los grupos mediáticos en todas las plataformas.

La reciente adquisición de radio Universo por parte de El Mercurio asegura que en un par de años tendremos un informativo en el Gran Santiago que compita a las emisoras que hoy lideran ese segmento. Otro ejemplo es la venta de UCV Televisión a una empresa que representa a Disney. Con esa transacción, los canales de televisión de propiedad extranjera ascienden a cinco, subsistiendo sólo TVN (Televisión Nacional, en teoría un canal público) y Canal 13 (de un poderoso grupo financiero) como señales de propiedad nacional.

Derecho a información plural

Pues bien, la segunda pregunta es de difícil resolución. El discurso hegemónico identifica, desde siempre, la libertad de expresión con la libertad empresarial, es decir, con la posibilidad de crear un medio de comunicación. Al mismo tiempo, se reduce esta noción a la ausencia de interferencia estatal, de censura. No obstante, la libertad de expresión comprende mucho más que eso.

Desde luego, comprende la proscripción de censura previa, pero también involucra una dimensión colectiva que a menudo se oculta: el derecho de la sociedad a recibir información plural y diversa. Este derecho a la información está recogido en nuestro ordenamiento jurídico, incorporado en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile.

El más relevante de estos tratados, por el desarrollo doctrinario generado a partir de sus normas, es el Pacto de San José de Costa Rica, que no sólo sanciona la censura, sino que también las violaciones indirectas a la libertad de expresión. Entre estas últimas están contenidas – en el artículo 13 del Pacto- la restricción de la libre expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o por cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Esta clase de controles particulares se ajustan a nuestra realidad desde hace décadas.

Más clara aún es la Declaración de principios sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su artículo 12 declara que “los monopolios y oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos.”

De estos instrumentos se desprende que las obligaciones del Estado no se limitan a un deber de abstención, a la mera observación del mercado de la comunicación, sino que conlleva la adopción de acciones positivas para garantizar la pluralidad informativa y cultural, en función de preservar la democracia. Desde luego, estas obligaciones están lejos de satisfacerse, pese al expreso mandato de los tratados que Chile ratificó.

Democratización de las comunicaciones

La relación directa entre la falta de diversidad informativa y el débil desarrollo de la democracia ha sido patente en este período. No descubrimos nada si afirmamos que los grandes grupos mediáticos, representativos de una minoría, se han asignado la misión de obstruir -sin reparar en recursos- las transformaciones que millones respaldaron en las urnas y en las calles. Sin embargo, de poco sirve constatar esta realidad si no se siguen de ella lecciones políticas para el futuro inmediato. En este sentido, resulta indispensable fijar el valor de la diversidad de voces y miradas en el debate público, como una condición necesaria para el éxito del proceso de reformas estructurales iniciadas por esta administración.

La superación de estas circunstancias adversas demanda no sólo incorporar en un futuro programa de gobierno la democratización de las comunicaciones sino que, además, relevarla como una reforma política de importancia estratégica. Una nueva ley de medios que limite la concentración y habilite el fortalecimiento de medios comunitarios y estatales en diversos niveles, asoma como el primer desafío para construir una democracia donde todas las voces sean escuchadas.

*Abogado. Director de “Otra Prensa”.

Fuente: El Siglo

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